El Gobierno valenciano ha reactivado, después de 15 meses, el proceso de adjudicación de 42 licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito comarcal, cuya concesión fue anulada por el Tribunal Supremo se septiembre de 2012. El Ejecutivo de Alberto Fabra dio por cumplida la sentencia el 25 de febrero de 2013, momento a partir del cual las televisiones pasaron a una situación de alegalidad, ya que las que han sobrevivido a la crisis siguen emitiendo a la espera de que se produzca la nueva adjudicación que anunció la Generalitat.
El Supremo declaró nulas las adjudicaciones, firmadas en 2006 por Esteban González Pons, entonces consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación en el Gobierno de Francisco Camps, por incumplir "de forma flagrante su función de valorar las ofertas, que es propia e indelegable". La Generalitat encargó la valoración a una empresa externa, Doxa Consulting, y no motivó su decisión. La empresa Tele Elx, que funcionaba desde 1987, recurrió tras no obtener ninguna de las tres licencias de su demarcación, que fueron para Comunicación Audiovisual Editores (Ulibarri), Unedisa y Libertad Digital.
La Generalitat se acogió en 2013 a la literalidad de la sentencia, que anulaba únicamente el acto de adjudicación, y anunció que retomaba el proceso desde el momento en que se reunió la mesa de contratación. Además, señaló que el informe de Doxa Consulting era válido como apoyo a la valoración de la mesa, según el fallo judicial, y que el error era haberlo tomado al pie de la letra. El problema es que han pasado ocho años y algunas de las empresas adjudicatarias han desaparecido y otras se fusionaron o se vendieron a terceros.
Presidencia de la Generalitat publicó ayer una resolución en la que recordaba su decisión de retrotraer el concurso "al momento anterior a que la mesa de contratación formulara la propuesta de adjudicación de las concesiones, conservando las actuaciones anteriores" y modificó la composición de la mesa de contratación, debido al cambio en la estructura de la Administración autonómica. elEconomista trató ayer, sin éxito, que el Ejecutivo explicara el proceso y su calendario.
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